Mercado Inmobiliario

El Congreso empezará a tratar una nueva legislación para regularizar de forma más estricta los contratos.
Desde la clase trabajadora uno de los reclamos más sostenidos es la sanción de una nueva ley de alquileres que contemple algunos derechos de los inquilinos que hasta ahora quedaron desatendidos. Finalmente, el Congreso va a dar respuesta a ese pedido y en los próximos días empezará a tratar un proyecto de ley para cambiar las cláusulas habituales de los contratos de arrendamiento.
El texto será tratado en comisiones de la Cámara de Diputados y será debatido en el recinto cuando se obtenga el dictamen, según indicó TN.com.ar. La iniciativa está basada en un proyecto anterior que ya cuenta con la media sanción del Senado, pero como va a sufrir modificaciones, deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva.
El proyecto de la norma cuenta con 16 artículos que van a cambiar la duración del contrato, las actualizaciones de precios a lo largo de su vigencia, el sistema de garantías, las comisiones inmobiliarias y la formalización de la actividad.
Los puntos más destacados de la nueva norma son:
Contratos a 3 años: el artículo 5° sostiene que los contratos se alargarán de dos a tres años. «El contrato de locación de inmueble, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considerará celebrado por el plazo mínimo legal de tres años en locaciones destinadas a vivienda y de dos años para cualquier otro destino», precisa.
Mayor acceso a una garantía: se exhorta a los propietarios a aceptar como variante garantía real, aval bancario, seguros de caución, garantía personal con certificado de ingresos o garantía de fianza.
Actualización del precio según la inflación y los salarios: el reajuste deberá ser acorde a la evolución de la inflación y el sueldo promedio según lo establece el artículo 12°, el cual prevé que «el precio del alquiler deberá fijarse como un valor único y por períodos mensuales, sobre el cual sólo podrán acordarse ajustes semestrales, utilizando a tal efecto un índice conformado por partes iguales, con el índice de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS)».
Registro ante la AFIP: todos los contratos de alquiler que se establezcan deberán registrarse ante la AFIP para que se logre una mayor formalización del sector y sea una herramienta para poder iniciar acciones legales con validez en el caso de ser necesarias.
Comisión a cargo del propietario: inspirado en la norma que en 2017 promulgó la Legislatura porteña, se establecerá que la comisión de los contratos la deben pagar los propietarios junto con los gastos de certificación de firma. (Fuente www.perfil.com).